FNE presentará en septiembre conclusiones preliminares de su estudio sobre el mercado del gas

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, expuso este jueves en una sesión especial convocada por la comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados para abordar la situación competitiva de la industria del gas licuado residencial, detallando los avances del estudio de mercado que inició el organismo en noviembre, porque "existen razones o motivos para estimar que la competencia podría no estar funcionando en forma adecuada en el mercado del gas en Chile". 

Riesco precisó que el organismo está en conocimiento de que durante el primer semestre de este año se han multiplicado los reclamos de la ciudadanía por el alza en el precio del GLP de cilindro o envasado, es decir, balones de gas de 5, 11, 15 y 45 kilos. Se trata, a su juicio, de "reclamos ciudadanos que hay que tomarse con la máxima seriedad y urgencia, porque el consumo de gas en los hogares chilenos representa un monto relevante de su presupuesto mensual".

Según los últimos datos disponibles del año 2017, en promedio los hogares chilenos gastan $31.498 al mes en balones de gas, lo que representa un 11% del sueldo mínimo y un 19% del gasto total de los hogares chilenos en servicios básicos.

Además, indicó que el 27 de abril, en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, confirmaron que representantes de distintos partidos políticos habían presentado denuncias a la FNE para que el organismo investigara un posible cartel para subir el precio de los balones de gas.

Y aunque está impedido de entregar mayores antecedentes respecto a estas denuncias, porque ello podría impactar en la efectividad de las actuaciones de la FNE, Riesco puntualizó que este mercado es objeto de análisis por parte de la entidad que lidera en el marco de un estudio de mercado, una herramienta relativamente nueva en el organismo que analiza la forma en que se desarrolla la competencia en los mercados.

Según explicó, la FNE cuenta con herramientas que le permiten acceder a información muy completa e inédita de lo que ocurre realmente en un mercado, pudiendo conocer detalles con los que no cuenta ninguna otra institución pública o privada en el país, por lo que puede realizar un diagnóstico acabado de cómo se encuentra un mercado desde el punto de vista competitivo y -en caso de ser necesario- realizar recomendaciones de políticas públicas a los órganos pertinentes.

"A primera vista, podría parecer como una herramienta menos poderosa que las herramientas que utiliza la Fiscalía para investigar ilícitos anticompetitivos, pero contar con un diagnóstico y una propuesta de políticas públicas sólidas basadas en antecedentes precisos, veraces y completos de todos quienes intervienen en un mercado, es algo sumamente poderoso que podría tener consecuencias y efectos en los mercados que son muy superiores a los efectos que pueden derivar de un caso concreto y específico", aseguró.

El 25 de noviembre del año pasado, la FNE inició este estudio puntual referente al mercado del gas, incluso antes de los reclamos ciudadanos y las denuncias que recibieron en la FNE. Hasta este mes se recopilará y analizará información. Así, según Riesco, "durante este mismo mes, terminaremos de obtener los antecedentes necesarios para realizar el estudio de mercado en base a datos duros de todos los actores de la industria".

Al respecto, sostuvo que a esta fecha "hemos solicitado y recibido información de prácticamente de todos los actores públicos y privados que intervienen en los distintos eslabones del mercado del gas". De esta forma, en septiembre estarían en condiciones de sacar las conclusiones preliminares de este estudio de mercado, sometiéndose a un escrutinio público antes de emitir el informe final o definitivo, lo que tendrá lugar en octubre.

Si en el estudio de mercado se confirma la hipótesis de falta de competencia, Riesco explicó que la Fiscalía hará recomendaciones de modificaciones normativas al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía.

La FNE estima, de manera bastante conservadora, que la sumatoria de los cambios regulatorios ya propuestos como consecuencia de sus estudios de mercado implicarían anualmente un ahorro para las personas o para el Estado de entre US$ 521 millones y US$ 1.503 millones.

Las razones que motivaron el estudio

Según detalló Riesco, se eligió este mercado por una "multiplicidad de factores". En primer lugar, porque pese a que el gas es considerado por ley como un servicio básico o un servicio de utilidad pública, "está regulado por el Estado de una forma muy distinta a la regulación de otros servicios básicos o servicios de utilidad pública como la electricidad y el agua potable".

Por ejemplo, advirtió que, mientras un 99,5% y un 93,7% de la población nacional tiene acceso a la red pública de energía eléctrica y a la red pública de abastecimiento de agua potable, respectivamente, según los últimos datos públicos disponibles, tan solo un 21,4% de la población nacional, que vive en capitales regionales y zonas co-urbanas, tiene acceso a una red de gas natural. Asimismo, el acceso a la red de cañerías está fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de los hogares.

Por otro lado, en términos de tarifas, mientras los hogares chilenos acceden a la electricidad y al agua potable bajo un régimen de tarifas o precios regulados por la autoridad sectorial, ello solo ocurre en los hogares chilenos que tienen acceso a una red de gas natural y eso implica que el 84% del consumo residencial de gas en Chile, dentro del cual se encuentran los hogares de menos ingresos, no está sujeto a ningún régimen de regulación tarifaria o regulación de precios.

Además, la segunda razón que motivó el estudio fue que el mercado del gas es que se trata de una industria altamente concentrada. Así, sentenció Riesco, "la concentración en este mercado del gas es doble".

"Por un lado, desde una perspectiva horizontal hay fundamentalmente tres empresas que distribuyen y venden cilindros de GLP en Chile, ya sea directamente o a través de distribuidores autorizados. Y, asimismo, estas empresas, ya sea directamente o a través de otras empresas de su mismo grupo económico, participan en la distribución de gas natural en Chile", agregó.

A lo que sumó que, "desde una perspectiva vertical, existen múltiples integraciones en la estructura de propiedad de los distintos actores en este mercado". Es decir, existen empresas dedicadas a importar gas que también son dueñas de la infraestructura de almacenamiento y de transporte de gas, en el caso del GLP, y que también son las que distribuyen el gas a los consumidores.

Por esto, enfatizó que el estudio busca determinar si esta asimetría regulatoria del gas respecto de otros servicios básicos y la concentración tanto horizontal como vertical de la industria tiene o no tiene una justificación plausible desde una perspectiva legal económica y de política pública por parte del Estado de Chile.